Prostitución a la catalana
Por Nancy Jhonson, César Molinares y Carla Coolman

Los catalanes miran con incertidumbre el camino que ha empezado a marcarse desde el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña con un proyecto de ley que busca regularizar la prostitución. ¿A qué se apuestan con esta iniciativa y cuáles serán sus repercusiones en las futuras elecciones?
Barcelona ha sido la ciudad de España que dio el primer paso en un tema polémico en el mundo: la prostitución.
La palabra que ha empezado a usarse es regularización, y la primera medida la ha aplicado el Ayuntamiento de Barcelona a través de una ordenanza de civismo que impone multas a las prostitutas que sean detectadas trabajando en la calle, pero que les permite hacerlo en clubes de alterne o prostíbulos.
En el Ayuntamiento, el proceso ha tenido contradicciones incluso dentro del propio Partit dels Socialistas de Catalunya (PSC) y sus socios en el tripartito que gobierna la ciudad, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC). A un mes de su
aplicación ni siquiera el PSC se ha atrevido a hacer un balance de su efectividad.
Quien sí ha aprovechado su silencio ha sido la oposición. El portavoz adjunto en el parlamento del Partido Popular, Daniel Sirera, se pregunta si la solución propuesta por la coalición del tripartito no se queda corta al tratar de abordar el problema con la simple restricción de la prostitución en la calle. Los populares, partidarios de la prohibición total creen que el asunto va más allá.
El tema – analizado por los populares- implica preguntarse cómo el Estado y las autonomías combaten delitos tipificados en el Código Penal español como el secuestro, la esclavitud, la trata de blancas y la extorsión contra hombres y mujeres que se prostituyen. Además, si se trata de legalizar la prostitución, los gobiernos deben pensar que las prostitutas deben cotizar a la Seguridad Social, acceder a los servicios de sanidad y tener derecho a paro.
Iniciativa per Catalunya ha sido particularmente crítico con el rumbo que han tomado las medidas. María de la Fuente, Secretaria de la Mujer de IC, no está de acuerdo con relacionar prostitución y civismo. A su parecer, la prostitución es un tema social que mezcla aspectos sobre la inmigración, el trabajo y problemas de exclusión social. “Este trabajo debe estar acompañado con medidas sociales y sanitarias, para que estas personas tengan alternativas”.
Pilar Vellugera, regidora ponente de Mujer y Derechos Civiles y representante de ERC en el Ayuntamiento, media en la polémica al  reconocer que falta desplegar la parte social de la ordenanza y sólo se puede evaluar la intervención de la Guardia Urbana. “Hay algunas diferencias en el equipo de gobierno sobre qué dice esta ordenanza y cómo debe aplicarse”.  Además que debe reencauzarse la intervención de la Guardia Urbana y “tutelar la posición de las mujeres porque nadie las representa y analizar que algunos adoptan la prostitución voluntaria y libremente. A ellas hay que ofrecerles alternativas, no de reinserción, sino laborales de su elección y que correspondan a sus expectativas personales”.
La fórmula barcelonesa, votada positivamente por dos de los partidos del tripartito, ERC y PSC, ha generado una particular tensión y un ambiente adverso al proyecto que ha anunciado la Generalitat. La Consejería del Interior trabaja, bajo el liderazgo de Monserrat Tura, en la misma dirección del Ayuntamiento de Barcelona, en una propuesta de ley para hacer lo propio en el territorio de Cataluña. 
La propuesta de la consejera Tura se basa en la legislación alemana y holandesa, donde la prostitución es legal y se ejerce voluntariamente. Además, el ámbito de los chulos o proxenetas se reduce a los prostíbulos. También prevé promover el proceso de regulación para las prostitutas inmigrantes. Dentro del proceso se prevé la normalización del servicio sanitario de las trabajadoras sexuales. A los 3 años la Consejería del Interior evaluará el impacto social de la medida.
Una apuesta arriesgada en un tema sensible tanto para los partidos políticos, ONG y feministas, el Estado español y, finalmente, los ciudadanos que no saben a dónde irá a parar el experimento que comenzó a aplicarse en Barcelona y que empieza a discutirse en la autonomía catalana.
Los socialistas no quisieron pronunciarse sobre el rumbo que puede tomar el proyecto de Monserrat Tura, pero la oposición señala que si el gobierno quiere regular el oficio más antiguo del mundo debe considerar alternativas laborales para las trabajadoras sexuales que quieran salirse de la profesión.