Trabajadoras sexuales: ¿víctimas o amenazas?
Por Celtia Traviesas, Sabrina Carrera, Alex Martín y Marta Parreño

La Ley Tura. Así es como se conoce al borrador del anteproyecto de ley para la Limitación de Servicios Sexuales Remunerados que tanto revuelo está causando. El borrador de ley considera la prostitución un trabajo cuyos derechos deben estar regulados.

“Somos personas con los mismos derechos que cualquier persona. Lo del trabajo diferente se puede hablar, se puede explicar, se puede razonar de otras maneras, pero siempre desde el respeto”, dice Margarita Carreras, una veterana prostituta del Barrio Chino de Barcelona.
Desde la entrada en vigor, el pasado 25 de enero, de la ordenanza cívica de Barcelona que prohíbe hacer la calle, Margarita y sus compañeras se enfrentan a sanciones que muchas veces no pueden pagar.  “Ahora mismo andan por ahí desesperadas pensando en qué pueden hacer si no las dejan trabajar en la calle -dice Marcela Torres, trabajadora social de Ámbit Dona, una ONG que brinda apoyo a las prostitutas -. Nuestro objetivo es la mejora de derechos y condiciones dentro de esta actividad que han elegido”. El Lobby de Dones de Catalunya y otros colectivos feministas del Estado han manifestado su indignación por esta iniciativa.
“Resulta difícil pensar en la aplicación del concepto libertad cuando el 80% de las prostitutas son inmigrantes sin recursos”, sostienen en numerosos comunicados que pueden leerse en su página web (www.mujeresenred.org). Mediante el lema: “Si no elegirías ese trabajo para tu hija, entonces ¿por qué lo quieres para nosotras?”, han iniciado una campaña de protesta contra el proyecto de la Generalitat.
La finalidad del anteproyecto de ley es acabar con el proxenetismo y dotar a las trabajadoras sexuales de derechos sociales y laborales. En el texto se contempla, incluso, promover la regularización de las trabajadoras sin papeles para solventar su desprotección legal. Pero todo ello enmarcado dentro de una misma filosofía: eliminar la prostitución de las calles. La idea es que los clubs estén gestionados por las trabajadoras sexuales o por un empresario que sólo cobrará por el uso de las dependencias (y no un porcentaje del servicio como
es habitual). “No creo que nadie sensato en este país esté a favor de la prostitución -dice Xavier Guitart, director general de Juegos, Apuestas y Espectáculos, en cuyas competencias se ampara la regularización de los locales de alterne-. Pero tampoco se quiere que se haga en la ilegalidad, ayudando así a mafias y no a las personas que se prostituyen”.
Los empresarios se muestran satisfechos con el borrador de la ley, a pesar de que existen desacuerdos en algunos puntos, como el control de los clientes o la reducción de los grandes burdeles. “Siempre hemos estado a favor de la erradicación de la prostitución de la calle”, afirma Manuel Nieto, asesor jurídico de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA).
Justine Abellán, representante del Col·lectiu de Treballadores i Treballadors del Sexe de Comisiones Obreras de Cataluña, cree que erradicar la prostitución de la calle perjudicaría al colectivo que ejerce en peores condiciones. “No deseamos ni necesitamos que nos salve nadie, tenemos voz y sabemos pensar. La prostitución no es un problema; el problema es la hipocresía social”, afirma con determinación. Desde hace unos meses, las prostitutas de la calle se reúnen cada martes en los locales del sindicato en Barcelona para hablar de sus problemas y organizar sus soluciones.
Este colectivo trató, en un primer momento, de fundarse adscrito a la Unión General de Trabajadores (UGT) como plataforma de sus reivindicaciones. Sin embargo, UGT rechazó la iniciativa y ha redactado un comunicado contra la legalización de la prostitución. El sindicato entiende que cualquier tipo de trabajo sexual, sea voluntario o no, es una manifestación de violencia de género creada por y para los hombres: “La prostitución implica convertir a la mujer en una mercancía y en un producto de consumo para el hombre”.
Las asociaciones de prostitutas reclaman una regularización que no las excluya de la sociedad y que reconozca sus derechos como trabajadoras. Sin embargo, miran con suspicacia la iniciativa de la Generalitat. Para Gemma Nicolás, orientadora jurídica de Ámbit Dona y autora de varios estudios sobre la prostitución en Barcelona, la consejera Tura no va a dar ningún derecho a las prostitutas “simplemente porque las dos cuestiones básicas para este colectivo, normalización laboral y extranjería, son competencias exclusivas de la Administración central.  Continuarán siendo explotadas y la ley beneficiará a sólo a los empresarios”.
La prostitución ha sido, en fin, objeto de posturas radicalmente opuestas a lo largo de la historia. Pero, ocurra lo que ocurra con el proyecto ley en Cataluña, mujeres como Margarita Carreras seguirán, probablemente, calle arriba calle abajo gastando la suela de sus tacones muchos años. Víctimas para algunos, amenazas a la seguridad de las calles para otros. “Feministas en el exilio”, dicen ellas de vez en cuando.