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Trabajadoras sexuales:
¿víctimas o amenazas? |
Por Celtia Traviesas,
Sabrina Carrera, Alex Martín y Marta Parreño |
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La Ley Tura. Así es como se
conoce al borrador del anteproyecto de ley para
la Limitación de Servicios Sexuales Remunerados
que tanto revuelo está causando. El borrador
de ley considera la prostitución un trabajo
cuyos derechos deben estar regulados.
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“Somos
personas con los mismos derechos que cualquier
persona. Lo del trabajo diferente se puede
hablar, se puede explicar, se puede razonar
de otras maneras, pero siempre desde el
respeto”,
dice Margarita Carreras, una veterana
prostituta del Barrio Chino de Barcelona.
Desde la entrada en vigor, el pasado 25
de enero, de la ordenanza cívica
de Barcelona que prohíbe hacer
la calle, Margarita y sus compañeras
se enfrentan a sanciones que muchas veces
no pueden pagar. “Ahora
mismo andan por ahí desesperadas
pensando en qué pueden hacer si
no las dejan trabajar en la calle -dice
Marcela Torres, trabajadora social de
Ámbit Dona, una ONG que brinda
apoyo a las prostitutas -. Nuestro
objetivo es la mejora de derechos y condiciones
dentro de esta actividad
que han elegido”. El Lobby
de Dones de Catalunya y otros colectivos
feministas del Estado han manifestado
su indignación por esta iniciativa.
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“Resulta difícil pensar
en la aplicación del concepto libertad
cuando el 80% de las prostitutas son inmigrantes
sin recursos”, sostienen en
numerosos comunicados que pueden leerse
en su página web (www.mujeresenred.org).
Mediante el lema: “Si no elegirías
ese trabajo para tu hija, entonces ¿por
qué lo quieres para nosotras?”,
han iniciado una campaña de protesta
contra el proyecto de la Generalitat.
La finalidad del anteproyecto de ley es
acabar con el proxenetismo y dotar a las
trabajadoras sexuales de derechos sociales
y laborales. En el texto se contempla,
incluso, promover la regularización
de las trabajadoras sin papeles
para solventar su desprotección
legal. Pero todo ello enmarcado dentro
de una misma filosofía: eliminar
la prostitución de las calles.
La idea es que los clubs estén
gestionados por las trabajadoras sexuales
o por un empresario que sólo cobrará
por el uso de las dependencias (y no un
porcentaje del servicio como |
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es habitual).
“No creo que nadie sensato
en este país esté a favor de la
prostitución -dice Xavier Guitart,
director general de Juegos, Apuestas y Espectáculos,
en cuyas competencias se ampara la regularización
de los locales de alterne-. Pero tampoco se
quiere que se haga en la ilegalidad, ayudando
así a mafias y no a las personas que se
prostituyen”.
Los empresarios se muestran satisfechos con
el borrador de la ley, a pesar de que existen
desacuerdos en algunos puntos, como el control
de los clientes o la reducción de los grandes
burdeles. “Siempre hemos estado a favor
de la erradicación de la prostitución
de la calle”, afirma Manuel Nieto,
asesor jurídico de la Asociación
Nacional de Empresarios de Locales de Alterne
(ANELA).
Justine Abellán, representante del Col·lectiu
de Treballadores i Treballadors del Sexe de Comisiones
Obreras de Cataluña, cree que erradicar
la prostitución de la calle perjudicaría
al colectivo que ejerce en peores condiciones.
“No deseamos ni necesitamos que nos
salve nadie, tenemos voz y sabemos pensar. La
prostitución no es un problema; el problema
es la hipocresía social”, afirma
con determinación. Desde hace unos meses,
las prostitutas de la calle se reúnen cada
martes en los locales del sindicato en Barcelona
para hablar de sus problemas y organizar sus soluciones.
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Este colectivo trató,
en un primer momento, de fundarse adscrito a la
Unión General de Trabajadores (UGT) como
plataforma de sus reivindicaciones. Sin embargo,
UGT rechazó la iniciativa y ha redactado
un comunicado contra la legalización de
la prostitución. El sindicato entiende
que cualquier tipo de trabajo sexual, sea voluntario
o no, es una manifestación de violencia
de género creada por y para los hombres:
“La prostitución implica convertir
a la mujer en una mercancía y en un producto
de consumo para el hombre”.
Las asociaciones de prostitutas reclaman una regularización
que no las excluya de la sociedad y que reconozca
sus derechos como trabajadoras. Sin embargo, miran
con suspicacia la iniciativa de la Generalitat.
Para Gemma Nicolás, orientadora jurídica
de Ámbit Dona y autora de varios estudios
sobre la prostitución en Barcelona, la
consejera Tura no va a dar ningún derecho
a las prostitutas “simplemente porque
las dos cuestiones básicas para este colectivo,
normalización laboral y extranjería,
son competencias exclusivas de la Administración
central. Continuarán siendo explotadas
y la ley beneficiará a sólo a los
empresarios”.
La prostitución ha sido, en fin, objeto
de posturas radicalmente opuestas a lo largo de
la historia. Pero, ocurra lo que ocurra con el
proyecto ley en Cataluña, mujeres como
Margarita Carreras seguirán, probablemente,
calle arriba calle abajo gastando la
suela de sus tacones muchos años. Víctimas
para algunos, amenazas a la seguridad de las calles
para otros. “Feministas en el exilio”,
dicen ellas de vez en cuando. |
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