El derecho al voto inmigrante
Por Sandra Serbey, Sarah Platt y Sílvia Sendra

El mayor crecimiento de población inmigrante en España se produjo en Cataluña. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 11.4% de la población catalana es extranjera, de la cual Barcelona alberga a un 14% de este colectivo. Este porcentaje va en aumento, pese a que la política de extranjería española mantiene un control de fronteras con los ciudadanos extra comunitarios.

Así ha sido desde antes del gobierno del PP, y actualmente, con el PSOE, la situación solo ha pasado a ser ambigua: aunque ningún partido político niega la necesidad de la integración social de los inmigrantes, y por lo tanto su derecho al voto, existen brechas significativas entre los derechos de los ciudadanos españoles y los residentes legales. El derecho al voto juega así un dudoso papel de mecanismo de inclusión/exclusión social.
En este caso, las leyes entran en contradicción con las necesidades sociales, más todavía cuando unas y otras se entrelazan. Y es que todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular (PP), han usado el derecho a voto de los inmigrantes para dar una nota de
color a sus propagandas electorales, pero únicamente Izquierda Unida (IU-ICV) ha dirigido varias peticiones firmes en el Congreso de los Diputados.
La última de estas solicitudes fue en septiembre, cuando el grupo parlamentario de IU propuso al Congreso una reforma legal que permitiera a los inmigrantes poder votar y ser elegidos en comicios municipales y europeos. En la proposición de ley argumentaban que, al reconocimiento de los derechos laborales y sociales a los inmigrantes, debe sucederle el reconocimiento de los derechos políticos. Pero esto implicaría una modificación de leyes orgánicas como la de Extranjería y la Electoral, así como el artículo 3 de la Constitución. La Mesa del Congreso no admitió la iniciativa puesto que la reforma de la Carta Magna tiene sus procedimientos específicos.

En el ámbito catalán, el diputado del Parlament Mohammed Shahib (Ciutadans pel Canvi, CpC) es uno de los políticos que más voces ha levantado a favor del voto de los inmigrantes. Shahib aboga por “permitir el derecho a voto en función de la residencia y no, como ahora, de su nacionalidad”. Muy parecido es el discurso del alcalde socialista Joan Clos (PSC-CpC) que hace un año, en el marco de unas conferencias sobre inmigración, mencionó la idea de que los inmigrantes extracomunitarios con cinco años de residencia pudieran votar en las elecciones municipales.
Los sectores asociativos, tanto sindicalistas como no gubernamentales coinciden en considerar la participación de las personas inmigradas y su derecho al voto en las municipales de Barcelona como un eje básico de la ciudadanía y la cohesión social. Negar este derecho a la sociedad migrada dejaría fuera a miles de personas extranjeras en situación regular que contribuyen, con sus trabajos, al crecimiento social.
“El derecho al voto es en definitiva el derecho a opinar sobre las políticas que les afectan. Seria de una lógica democrática exigir que a esta población inmigrante, que suma más de un 11% de la población total de Cataluña, estuviera dentro del sistema de representación democrática”, dice Carles Bertran, jefe de prensa de CITE (Centro de Información para Trabajadores Extranjeros).
Por su parte, Abdelkader Alslimani, natural de Marrakech y secretario de inmigración de AMIC (Asociación de Ayuda Mutua de los Inmigrantes en Cataluña) en la UGT puntualiza que “la concesión del derecho al sufragio es, desde el punto de vista de la democracia, nada menos que una exigencia.