El consejo de la discordia
Por Covadonga Bon, Borja Bujedo y Manuel Vich

El PP presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para recurrir las competencias del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). Entre las funciones de este organismo se encuentra la de velar para que en el ámbito de la radio y televisión autonómica se respeten los valores democráticos "de pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural". Para ello, dispone de la capacidad de imponer sanciones a los medios que vulneren tales valores o que no se atengan al principio de veracidad en sus noticias. Pero el PP considera que este consejo no puede entrar a valorar los contenidos porque los límites a la libertad de expresión están en la administración de la justicia.

Todo ello se produce en medio de la polémica surgida a raíz de que el CAC emitiera un informe en el que acusaba a la cadena radiofónica Cope por haber transgredido los valores de la Constitución y anunciara que no iba a renovar las licencias de emisión a este medio. 
Varias organizaciones de periodistas nacionales e internacionales han mostrado su malestar por las nuevas atribuciones que el Parlamento catalán concede al CAC. International Press Institute (IPI) y World Asociation of Newspapers (WAN), las  dos principales instituciones de libertad de prensa en Europa, han pedido al Parlament de Catalunya que se anulen las "facultades sancionadoras del CAC" ya que suponen "un retorno a épocas pasadas de censura y represión".

Por su parte, la organización Reporteros sin Fronteras considera que "el CAC tiene un poder de sanción abusivo y contrario a la libertad de expresión".
La posibilidad de determinar la veracidad de las informaciones y la independencia de los miembros del CAC respecto al poder gobernante son algunos de los puntos más polémicos de las nuevas atribuciones que el Parlamento Catalán otorgó al CAC en la ley de lo audiovisual aprobada el 29 de diciembre de 2005. El director de una las emisoras regionales de la Cope considera que el CAC rompe con la separación de poderes porque toma decisiones de carácter político y que no hay un precedente de esto en la historia democrática europea. En su opinión, es "un grave error" no incluir en el consejo consultivo a miembros destacados de los medios ni académicos del mundo de la comunicación. Para este alto funcionario los consejos audiovisuales son necesarios para regular
los contenidos en materia de derechos humanos y la protección de menores. Sin embargo, desconfía de la manera en la que se están constituyendo y los califica como "un peligro para la democracia". De igual manera, uno de los ex directores de una de las cadenas autonómicas de TVE se muestra convencido de que los consejos consultivos son "positivos" siempre y cuando sus integrantes sean elegidos de una manera plural y destaca que "los organismos de este tipo que existen en la actualidad en España son de carácter político". Por otro lado, duda de la legitimidad del CAC para sancionar las informaciones que no sean veraces.
Según éste los principios de veracidad y de pluralidad son muy difíciles de verificar porque "el partido en el poder siempre tiende a imponer sus criterios".
Antoni Fernández i Teixidó, diputado de CiU y presidente de la Comisión Permanente para la Sociedad de la Información del Parlament de Catalunya, asegura que "no es materialmente posible incluir en el CAC a todas las partes relacionadas con los medios de comunicación". No obstante, bajo su criterio este organismo sí garantiza la pluralidad. En este sentido, el diputado afirma que una de las características del consejo audiovisual es que todas las decisiones se toman de forma consensuada por todos los partidos políticos y de esta manera se asegura la veracidad de las informaciones.
"Los procesos de elección de los consejos audiovisuales tienen que realizarlos los parlamentos. Sin embargo, el modelo español tendría que ser similar al francés en el que el presidente de la Asamblea Nacional es el encargado de realizar esta función", declara el director de TVE en Cataluña, Joan Tapia. Asimismo, asegura que "el CAC es un órgano útil", pero que "en la práctica su poder está limitado porque es muy difícil ir en contra de las televisiones que tienen su centro de decisión en Madrid".