El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es una federación de partidos. Todos ellos son conscientes de que la inmigración supone uno de los mayores desafíos de este siglo. El reto consiste en satisfacerla de forma integral y equilibrada, analizando su dimensión económica, política y social. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se sorprende ante la postura del Partido Popular (PP). Pedro Zerolo, Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, ha declarado: "el PP no ha hecho sino generar alarma social. Será ahora, cuando más claramente se refleje que ha sido el Partido Popular la única organización que no ha abordado el fenómeno de la inmigración con responsabilidad y seriedad". Mohamed Chaib, Diputado del Parlamento y miembro de la Comisión de Inmigración del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) opina al respecto que: "con el PP la administración carecía de los recursos suficientes para afrontar la situación. Lo único que hacían era agravar el problema". En este mismo tenor se expresó, ante los medios de comunicación, el diputado Antonio Hernando, portavoz del PSOE para temas de inmigración, quien dijo que el PP hace "el ridículo" cuando mantiene una oposición frontal al proceso de normalización. "Más de medio millón de solicitudes presentadas avalan el éxito de una iniciativa puesta en marcha para afrontar el problema de cientos de miles de personas que el PP dejó en situación irregular", expresó.

Convergència i Unió es una federación de dos partidos: Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya, que tienen una visión integradora de la inmigración, aunque discrepan sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea. El caso catalán, para el Secretario de Inmigración y Cooperación de CDC Àngel Miret, es especial, porque, según dice, la Comunidad Autónoma tiene condiciones favorables para que estos colectivos accedan a servicios y a trabajos no especializados. El único requisito para ser atendidos en el sector sanitario es estar empadronado, y pueden encontrar trabajo en la economía sumergida antes de tres meses, según los datos de la Federación. Pero ese tiempo se reduce a un mes si tienen aquí un familiar. Ambas

formaciones coinciden en que el actual Govern de la Generalitat ha fracasado con su política de inmigración. Su falta de diálogo con los agentes sociales es un problema importante, argumentan. Manuel Silva, miembro del Comitè

de Govern d'Unió, dice que se deben adoptar políticas que armonicen el derecho al trabajo de los inmigrantes con el de los catalanes: "si el catalán de toda la vida tiene trabajo, sí; pero si no tiene y los inmigrantes sí… el asunto es complicado". Con respecto al idioma, Miret sostiene que "el conocimiento del catalán favorece a la integración, a la igualdad y no impone diferencias". Sobre el derecho a voto, Silva comenta que "debe haber un debate a fondo en torno a este tema", ya que critica la postura de ICV-EUiA, partido que defiende que todos los inmigrantes puedan votar.

Actualmente Esquerra Republicana per Catalunya se define a medio camino entre lo que llaman "las restricciones de la derecha", la que atribuyen al PP, y el lema "papeles para todos" de partidos como Iniciativa per Catalunya. Esta equidistancia en el discurso se debe a que esta colectividad busca tener una respuesta exclusiva para esta comunidad autonómica. Para Esquerra el cambio de gobierno central del PP al PSOE ha sido positivo en la forma de abordar el fenómeno de la inmigración, ya que se han asumido las capacidades de acogida. En relación a sus socios de gobierno, ERC se diferencia de las posturas del PSC y de ICV. Afirman tener ideas similares a las de Iniciativa en cuanto al concepto integral de inmigración, pero creen que hace falta una política más restrictiva. La postura de esta agrupación se centra sólo en Cataluña, debido a su condición de partido nacionalista e independentista. Esta comunidad autónoma es la segunda en el estado español en recibir mayor número de inmigrantes. Por esta razón, es también uno de los puntos principales del programa electoral de ERC. Para Esquerra el idioma catalán supone una dinámica de integración diferente al del resto de las comunidades autónomas. La lengua y la cultura son hechos diferenciadores que se suman a los problemas sociales que implican la inmigración, tales como el subempleo o la cobertura sanitaria. En su discurso nacionalista, ERC considera que adaptarse a Cataluña significa también el aprendizaje del idioma y la integración a las costumbres. Para este partido, el territorio, la historia, las tradiciones, la cultura, la lengua, y la economía vinculan a las personas de una nación. La conciencia de estos vínculos se articula buscando afirmarlos y hacerlos respetar. Los inmigrantes, por lo tanto, deben tomar conciencia de esto y a su vez respetarlos. En resumen, ERC considera que los extranjeros en Cataluña han llegado a una nación sin estado y por lo tanto, entender esa realidad es entender a la tierra anfitriona.

En el Partido Popular estiman que la inmigración ha sido un proceso precipitado que se echó a andar sin saber cómo y cuándo se iba a hacer. Como consecuencia, se generaron algunos problemas como el "Efecto llamada", fraudes (por ejemplo en la comercialización de los contratos laborales) y despidos. EL PP cree que la regularización empleada desde el Gobierno de Zapatero es una utopía que sólo ha creado falsas expectativas en miles de inmigrantes, puesto que el contingente de un millón de irregulares no podrá ser absorbido por este proceso. Este partido critica el traspaso de competencias del órgano de coordinación de la administración, como la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Migración, al Ministerio de Trabajo, pues a su juicio creó una descoordinación. También reclaman que las fronteras han sido descuidadas, lo que permite que por el sur continúe el tráfico de pateras y que, por el norte, trafiquen las denominadas "pateras terrestres", en la frontera con Francia. Señalan que existe una descoordinación de parte del gobierno con las instituciones de la Unión Europea y su política migratoria. Según el PP, no hubo contacto con los Ayuntamientos con mayor recepción de inmigrantes como Madrid, Valencia, Murcia, Alicante, Málaga o Las Palmas. Esta situación se complica por son estas instituciones las que tramitan una parte de la documentación del proceso de regularización y no se han previsto más medios para asumirlo. El PP opina que desde el gobierno han omitido medidas presupuestarias que debían acompañar el Real Decreto de Regularización.

Algunas de éstas son políticas sanitarias, sociales, de integración y educativas. Estiman que se ha puesto a la Administración en una situación límite debido al "efecto llamada", que ha generado una gran demanda, sin que las instancias tengan la capacidad de resolverla.

Para Iniciativa Per Catalunya-Els Verds (IC-V) y para Esquerra Unida y Alternativa (EUiA) el fenómeno de la inmigración beneficia en diversidad cultural y social a Cataluña y ofrece la posibilidad de desarrollar una sociedad igualitaria y cohesionada. Diferencian nacionalidad de ciudadanía, pues para ellos sería válido presentar un certificado de empadronamiento para tener los mismos derechos que cualquier español, independientemente de su procedencia. Así, dejaría de haber ciudadanos de primera y de segunda, y se evitaría la exclusión social. Nunca han de llevarse a cabo, en este sentido, medidas policiales de represión y acoso a los inmigrantes, opinan. El fenómeno migratorio beneficia la diversidad cultural y social de Cataluña, y se puede lograr una relación directa entre inmigración y catalanismo. Según IC-V, los anteriores gobiernos se muestran favorables a la inmigración sólo cuando es necesario un proceso de apertura debido a la demanda de mano de obra. Las políticas del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tradicionalmente han sido aplicadas para enfocar un problema de manera coyuntural. La integración cultural no es posible sin que los nuevos inmigrantes alcancen unos estándares económicos, educativos y de salud similares a los existentes en la sociedad que les ofrece acogida. Además, las nuevas políticas de inmigración deben evitar controles policiales enfocados en perseguir y acosar a los inmigrantes, puesto que estas medidas contribuyen a aumentar las actitudes xenófobas en la sociedad. IC-V y EUiA creen que poco ha cambiado en este sentido, ya que todos los cambios llevados a cabo en la Ley de Extranjería por el PP y el PSOE Socialista han recortado libertades y derechos y no han sido eficaces en ordenar el flujo de los inmigrantes. Consideran que la mejor Ley de Extranjería que ha existido ha sido la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero de 2000, acordada por todos los partidos.

Los grupos extremistas de izquierda están representados por organizaciones no gubernamentales, sindicatos y miembros del movimiento okupa, que en su mayoría están relacionados con el pensamiento antiglobalización. Entre ellos, están los grupos anarquistas que suelen ser los más violentos y con rápida convocatoria de masas, como la Coordinadora Anarquista contra la Globalización y la Confederación General del Trabajo (CGT), la Independent Media Center, Nodo50 y los del Bloque negro, partidarios de la violencia callejera. La Plataforma "Papeles para todos" y la Asamblea para la Regularización sin Condiciones son agrupaciones que movilizan un gran volumen de personas en tiempo récord. Han organizado manifestaciones en diferentes regiones de España, con participación concurrida, en contra el nuevo reglamento de extranjería. Su objetivo: la regularización de todos los inmigrantes. SOS Racisme es otro grupo de extrema izquierda que se caracteriza por asesorar al inmigrante y orientarlo en su trámite de regularización. Disponen de líneas telefónicas gratuitas para ese propósito. Promueven, por ejemplo, que los inmigrantes tengan derecho al voto. Estos grupos encuentran en el movimiento antiglobalización un aliado para defender los intereses de los inmigrantes que, según alegan, son afectados por políticas económicas que les consideran mano de obra barata. Para ellos, no existe la más mínima intención de lograr una integración con el inmigrante, más cuando los extranjeros son mirados como "los otros", los que vienen a servir en el tanto se les necesite, pero que estorban si quieren radicarse en el país. Según estos grupos, el reglamento de la actual Ley de Extranjería, aprobada por el gobierno del Partido Popular (PP) con apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), mantiene un espíritu de discriminación y recorte de derechos fundamentales para las personas extranjeras, especialmente en los casos de entrada irregular. Esta normativa pretende, según ellos, regularizar los flujos migratorios de acuerdo a las necesidades del mercado laboral y equilibrar la actual relación entre el empleo irregular y el regular, de cara a recoger mayor cuantía contributiva para las arcas públicas.

Los grupos de extrema derecha están en contra de la inmigración que consideran masiva-especialmente la proveniente de países árabes- por relacionarla con el terrorismo y el aumento de inseguridad ciudadana; además de las dificultades y la rebeldía de este colectivo para "adaptarse". Para estos grupos la inmigración ilegal genera delincuencia, plantea conflictos lingüísticos, religiosos y culturales y es siempre una seria amenaza para la identidad y la cohesión social de Cataluña. Sostienen que no hay capacidad para aceptar a estos colectivos y, menos, a aquellos que no vienen con voluntad integradora, como el colectivo musulmán, al que critican porque, según ellos, impone sus estructuras y servicios (carnicerías, panaderías y mezquitas). Las personas que contratan de forma irregular a inmigrantes están, a su juicio, presionando para que bajen las condiciones laborales de los trabajadores españoles. Esto provocaría una reducción del salario medio en aquellos sectores con más presencia de trabajadores extranjeros, como la construcción, la hostelería y el comercio. Según los datos que difunden, de los casi ocho millones de habitantes de Cataluña, 800 mil son extranjeros. Para el Moviment Patriòtic Català (MPC), desde el 2000 el número de "Mohammeds" inscritos en el registro civil superó al de "Jordis". Según Josep Anglada, de Plataforma per Catalunya, brinda datos de la Associació Professional Espanyola de Recursos Humans (APEDRRHH). Estos revelan que más del 57 por ciento de los inmigrantes están inscritos como autónomos, agrarios y empleadas domésticas y cotizan una media de 150,25 € al mes, mientras que en el Régimen General el promedio de la cotización es de 357,60 €. El MPC, formado por patriotas catalanes españolistas, afirma que, en lugar de estabilizar el fenómeno, las regularizaciones se convirtieron en verdaderos "efectos llamada".