Con el Proceso de Normalización Extraordinaria quedan fuera aquellos que no pueden mostrar un contrato de trabajo. Como respuesta, algunos colectivos críticos a esta política han creado la Asamblea de la Regularización sin Condiciones (ARC). Esta Asamblea pide que se admitan otros documentos y que no sea imprescindible un contrato, porque deja al inmigrante en manos del empresario. Otro de los requisitos para la normalización es estar empadronado en cualquier municipio español desde hace 6 meses como mínimo. ¿Qué pasa entonces con los inmigrantes que acaban de llegar, o no figuraban en los registros por miedo a su condición de ilegales? Aunque, según el PSOE, se han presentado unas 700.000 solicitudes de regularización, la ARC ha denunciado que, de los 1,3 millones de sin papeles que se calcula que hay en España, cerca de un millón no habrían podido presentar su instancia por carecer de los documentos exigidos. Mohamed Chaib admite que se están dando casos de chantaje a los inmigrantes. Hay empresarios que piden dinero, 6.000 y 10.000 € a los extranjeros a cambio de iniciar la tramitación. El proceso de normalización ha culminado el 7 de mayo. La ARC pide una ampliación del plazo para poder informar y concienciar tanto a empresarios como a inmigrantes. Por parte de los socialistas, responden que posiblemente en el futuro habría nuevos procesos de regularización para los que se han quedado sin documentos, pero que lleven como mínimo tres años residiendo y trabajando en España.

Para CiU el tema de la inmigración no ha sido tratado con la suficiente seriedad por parte del Govern. Según la Federación, los resultados no coinciden con el discurso del presidente del Gobierno, José Luis Zapatero. Con el proceso de regularización se ha creado un "efecto llamada" que, en vez de reducir el número de ilegales, lo ha aumentado, afirma. El tema de la inmigración siempre ha sido prioritario para CiU, ya que lo ha visto como una oportunidad para el desarrollo del país.

Para Cataluña es vital que los extranjeros no formen 'guetos' ni lleven a la ruptura social. Conseguir estas dos premisas debería ser el objetivo de la Administración. La Generalitat tiene competencias en integración, pero no en el tema de inmigración, más concretamente en la entrega de visados. Con el nuevo estatuto se intentará que el gobierno autonómico pueda regularizar la situación laboral de los inmigrantes. Esto favorecería la lucha contra la economía sumergida; incluso significaría el fin de las mafias que se benefician de la explotación de los ilegales. En el contexto europeo, la adhesión de Turquía a la Unión Europea ha creado un fuerte debate en formaciones nacionalistas como CiU; especialmente en Unió Democràtica por sus raíces democristianas. Este partido defiende la idea de una identidad europea y quiere un acuerdo preferencial con los turcos y no una adhesión plena. "Europa tiene un alma y una cultura y puede diluirse", remarca Silva.

La descentralización de las competencias de inmigración que pide Esquerra Republicana se relaciona con el hecho de que este partido percibe a Cataluña como un centro de acogida de inmigrantes con unas condiciones distintas de las del estado español. Esta visión se infiere de la definición de Cataluña como una nación sin Estado dentro de Europa, con historia, lengua y tradiciones propias. Las aspiraciones independentistas de esta colectividad también influyen en la percepción del fenómeno de la inmigración. Esta reivindicación para el govern catalán, sin embargo, depende de la voluntad del gobierno central. En su programa se echan de menos propuestas más acordes con la realidad de la situación, como por ejemplo el hecho de que los inmigrantes seguirán moviéndose y buscando un lugar en España. Asimismo, este partido no menciona el rol que

tendría un hipotético estado catalán en la Unión Europea, y sus implicaciones en la problemática inmigratoria, lo que es imposible de eludir si se busca un discurso realista. ERC considera que adaptarse a Cataluña significa también el aprendizaje del idioma y a las costumbres locales. Esta idea de buscar la integración de los inmigrantes a través de la lengua y las tradiciones es positiva. Asimismo, este partido es contrario a la creación de guetos de inmigrantes, y de una política de acogida para los extranjeros que vienen a residir a Cataluña. De este modo reconocen el aporte que los foráneos hacen a la sociedad.

El PP achaca al gobierno socialista de diferentes errores en la política de inmigración, pero lo hace más por ganar réditos políticos que por una preocupación en la defensa del colectivo inmigrante. En este sentido, no presenta un discurso propio e integral, sino que se basa sólo en críticas hacia el PSOE. Además, presentan propuestas muy generales. Una de las críticas del PP denuncia que la política migratoria española se ha desvinculado de la europea: "Un país que crece al 2,8% no puede asumir la inmigración de todos los países de la UE juntos", afirma Ana Pastor, Secretaria Ejecutiva de Política Social del PP. Sin embargo, el PP no tendría en cuenta que, debido al flujo inmigratorio que recibe España, sí es necesario contar con una política inmigratoria específica de acuerdo a las necesidades locales. Aun así, hay puntos de las críticas populares que tienen fundamento. Por ejemplo, esta regularización extraordinaria no está solucionando el tema del fraude a los trabajadores inmigrantes; muchos son víctimas de la venta de contratos que pueden llegar a costar hasta tres mil euros. Lo que el PP denomina "Efecto llamada" no se está dando en las dimensiones que afirman, porque el flujo migratorio no se ha disparado después de que se inició la regularización. Sin embargo, el colapso de las administraciones públicas es visible en las largas filas de inmigrantes en espera regularizarse, previsible debido a que este proceso no se ha acompañado de un apoyo financiero adecuado. La forma de cómo el Partido Popular habla de la integración, arraigo y objetivos se perfila como liviana y paternalista si no se acompaña de propuestas más analíticas y ligadas a la realidad española.

Los grupos ICV-EUiA señalan que una de las problemáticas asociadas al fenómeno de la inmigración tiene que ver con los conflictos de exclusión que se pueden generar. La integración plena, por tanto, es imposible sin unos mínimos niveles de integración socioeconómica y sin la desaparición de las desigualdades. Desde ICV-EuiA se rechazan las políticas de control policial y represión llevadas a cabo por los gobiernos anteriores. Se pretende acabar con el concepto de diferentes niveles de ciudadanía y de derechos en función de la condición de ciudadano o extranjero. La formación de izquierdas quiere que el concepto de ciudadanía vincule también a las personas inmigradas. Por tanto, la normativa de inmigración ha de favorecer la entrada legal y políticas sociales. En estos momentos, el Congreso tiene en sus manos el debate sobre la aceptación o no de los sufragios por parte de la población inmigrante, propuesto por esta agrupación política. En el discurso de IC-V y EUiA, a veces lleno de palabras abstractas y de "buenismo" se clarifica la necesidad de medidas de integración social, enfocándolas hacia la perspectiva europea. En este sentido, su 'no' al Tratado de la Constitución Europea, del 20 de febrero, rechazaba la creación de ciudadanos de primera y de segunda categoría y las formas en que el documento se había dado a conocer. Además, Los postulados de estos partidos tienen similitudes con los de una ONG, por eso se podrían juntar, a manera de análisis exhaustivo, las paradójicas palabras de ONG gubernamental. Porque ICV forma parte del gobierno de la Generalitat desde noviembre de 2003, y a veces parece olvidarlo. Un partido de gobierno ha de ser más pragmático y capaz de poner las ideas en práctica. Su programa electoral no debería solamente nombrar altisonantes conceptos que quedan vacíos al apegarlos a la realidad. La política social sólo es posible después de un intenso examen de la actualidad. Sin estos límites, los grandes ideales pierden su fuerza.

Un país democrático tiene la obligación de considerar a todos los que viven en él como personas, sin criminalizar el hecho de que no tengan permiso de residencia o de trabajo. El camino hacia una sociedad más libre pasa por aceptar el multiculturalismo, recibir a las personas de fuera y permitirles trabajar para que puedan tener una vida digna. La comprensión y tolerancia hacia los que vienen de fuera es casi obligada si se considera que, en su día, los españoles también fueron inmigrantes en algún otro país y gracias a ello muchos lograron sobrevivir, De todas formas, España no puede olvidar sus límites, ya sean económicos, sociales o políticos. Regularizar a un grupo importante de personas es necesario, antes que nada por un principio de solidaridad que cualquier sociedad sana debe tener. Existe también una razón económica: para contribuir al sistema de pensiones y al mantenimiento de la producción; y también social: para sufragar el envejecimiento galopante de la población. Pero de ahí a dar "papeles para todos" hay un paso. Cualquier proceso de regularización necesita hacerse con calma, asegurando que se podrá ofrecer una situación de bienestar a las personas inmigrantes y la posibilidad de encontrar un lugar en la escala social que satisfaga sus necesidades, al menos en el mismo nivel que tienen en sus países de origen.

Si nos atenemos a la etimología latina de la palabra raíz (lat. radix, radicis), la extrema derecha nunca podría ser considerada como radical porque no se dirige a la raíz de los problemas. Siempre se queda en la superficie creyendo lo que le conviene y manejando solamente aquellos datos que pueden instrumentalizar. El Secretario General del nuevo partido Alternativa Española (AES), Rafael López-Diéguez Gamoneda afirma en televisión: "El CIS ha puesto de manifiesto que uno de cada cuatro infectados de Sida es inmigrante". Esta afirmación, por mucho que se basara en datos reales, es grave y discriminatoria si se descontextualiza. En la extrema derecha se impone una visión fuera de la historia que niega rotundamente datos fácticos. Como ejemplo, una cita de los catalanistas patrióticos: "Algunos osan recordarnos nuestro pasado emigrante, pero olvidan citar las condiciones en las que viajaron nuestros predecesores en aquellas épocas, con sus certificados de penales y su contrato de trabajo bajo el brazo. Fuimos inmigrantes respetuosos con las tradiciones de los países que nos alojaban. Nunca invadimos, ni intentamos colonizar tierra foránea. Nuestro proceso migratorio fue limitado y con unos objetivos y normas predeterminadas que siempre se cumplieron". No se puede poner en la misma balanza a inmigrantes españoles y a inmigrantes extranjeros si se anulan las condiciones históricas. En la extrema derecha, cuando se habla de "integración" casi siempre se sobreentiende asimilación a unos valores que se imponen desde una cultura hegemónica. Esta asimilación acarrea siempre la construcción de una identidad, ya sea catalana o española, excluyente. La verdad es que los miembros de estos grupos no tienen capacidad ni voluntad de negociar.