Algunas de las propuestas de los partidos políticos sobre cómo atender el fenómeno de la inmigración coinciden en favorecer la integración del inmigrante en el diario vivir catalán. Para ellos, lejos de rechazarlos hay que apoyarlos y ofrecerles vías para que se incorporen a la sociedad. Sin embargo, hay otros partidos más drásticos en sus propuestas y piden mayores controles hacia los inmigrantes. En este apartado se exponen las propuestas que hace cada agrupación política.
El desafío de regularizar
Por Laura Arias, Jokin Buesa, Sigrid Julià, Carla Mercader y Natalia Pérez
Apertura, pero en catalán
Por Alec Forssmann, Miquel Godó, Jordi Llambias, Luis Marchal y Lucas Urdaneta
Desde el 7 de febrero se puso en marcha el denominado Proceso de Normalización Extraordinario por el cual, en un plazo de tres meses, aquellos trabajadores extranjeros que acrediten un contrato de trabajo y 6 meses de empadronamiento en cualquier municipio español, pueden ver regularizada su situación. Para ello, se invita a empresarios o empleadores a dar el primer paso en la tramitación de los permisos. Los extranjeros a los que se deniegue la solicitud de regularización tendrán que abandonar el país en 15 días, mientras que los empresarios que mantengan a empleados indocumentados recibirán multas de hasta 70.000 €. En lo que se refiere a Cataluña, Mohamed Chaib, confia en "sacar de su situación irregular a 70.000 inmigrantes". La llegada del PSOE a la Moncloa ha supuesto un cambio en términos de competencias. Si durante la etapa popular, la máxima responsabilidad recaía sobre el Ministerio del Interior, y el problema era observado como una cuestión de seguridad, los socialistas han traspasado la responsabilidad al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por lo tanto, "quienes participan de forma permanente en la determinación de los contingentes y las características de la contratación son los sindicatos, la patronal y el gobierno", según Joan Rangel, delegado del Gobierno en Catalunya. Los socialistas acaban de crear un Grupo Federal de Trabajo sobre Integración, con el objetivo de lograr un consenso entre las políticas de todos los territorios. Según Chaib, se trata de crear "un modelo de gestión compartida, como el que ya se está dando en Cataluña." A nivel nacional, el PSOE propone un gran Pacto de Estado, que todavía no se ha concretado. Una de las claves en este proceso sería la inclusión en el censo electoral de aquellos extranjeros que residan en España desde hace 3 años como mínimo. Esto permitiría a los inmigrantes participar en la vida política. Otras medidas que se contemplan son la creación de un Estatuto del Inmigrante, oficinas de contratación en los países de origen, la ampliación de los visados de búsqueda de trabajo y la lucha contra la explotación laboral y la economía sumergida.
Cataluña recibe el 25 por ciento de los inmigrantes que vienen a España, por lo que CiU demanda mayores competencias: que los Mossos d'Esquadra puedan identificar y retener a los inmigrantes y asuman trabajos de traslado en caso de necesidad. Además, Unió propone fortalecer las medidas de vigilancia en aeropuertos y otros accesos de entrada al país. Para ello piden una mejor coordinación en materia jurídica entre España y el país de origen del inmigrante. Pretenden, además, incluir en el nuevo estatuto un contrato cívico: una mutua aceptación entre los que quieren venir y los que ya están aquí. Se trataría de una serie de derechos y deberes que deben tener los inmigrantes, como por ejemplo, el conocimiento de la cultura catalana. En Convergencia, su secretario de Inmigración y Cooperación Àngel Miret, destaca el fracaso de la actual política de inmigración de la Generalitat. "Hay algunas iniciativas interesantes pero no una política global" por lo que piden una coherencia básica. Invertir en Barcelona, eliminar las concentraciones de población inmigrante y expandir la ciudad son "recetas universales" que beneficiarían la integración. Destaca especialmente que, "para que no haya una ruptura social, se debe evitar las concentraciones de grupos de extranjeros en barrios". En Unió, Manuel Silva (miembro del Comitè de Govern) considera que "no se le debería dar a nadie la nacionalidad que no entendiera el catalán ni castellano en Cataluña. Es un objetivo fundamental". Y otra de las propuestas es que se den pisos de protección oficial tanto a inmigrantes como a personas mayores y jóvenes. Ambos partidos quieren que haya una planificación a medio plazo de los flujos migratorios. Este plan contaría con la participación de las Comunidades Autónomas, las instituciones y las organizaciones más representativas del ámbito de la inmigración. Aquí, se debe determinar cuál es el número máximo de inmigrantes que Cataluña puede acoger, teniendo en cuenta las necesidades de los sectores productivos. También se tiene que desarrollar un mecanismo de coordinación entre el Gobierno central, el autonómico y los entes locales para elaborar el procedimiento de acogida de los inmigrantes trasladados de Ceuta y Melilla. Otra propuesta que se hace es que la política de cooperación internacional española forme de la política de inmigración. Consideran importante tener en cuenta y trabajar para el desarrollo de los países de los cuales sus ciudadanos se trasladan a Cataluña. Algo que no se debe olvidar es luchar contra la explotación de las personas. Una parte de los inmigrantes en situación irregular lo son porque han sido víctimas del tráfico ilegal de personas. Con el proceso de regularización y esta lucha, se conseguiría reducir la economía sumergida y el abuso de los derechos humanos. También exigirán al Gobierno Central que no se expulse a aquellas personas que peligre su vida, integridad física o libertad y que demanden protección de asilo.
Entre la derecha y los "papeles para todos"
Por Silvia Barnett, Illa Liendo, Stephanie Ruano y Andrea Wahr
Un proceso precipitado
Por Yadira Hidalgo, Ana Beatriz Marín, Neus Ràfols y Leandro Rodrigues
Esquerra Republicana de Catalunya propone cuatro puntos para una política de inmigración más eficaz. El primero es lograr que se traspasen las competencias de este campo a la Generalitat, ya que esta entidad es la que asume la integración de los inmigrantes en Cataluña. El estado español, según Esquerra, tiene en sus manos las herramientas principales para actuar pero los utiliza mal. ERC quiere que las comunidades autónomas adquieran una política integral de inmigración que comprenda el control de flujos internos y externos de inmigrantes extracomunitarios; la gestión, por parte de la Generalitat, de los permisos de trabajo en Catalunya y la posibilidad de desarrollar una política específica en materia religiosa. En el caso de que se traspasaran las competencias, ERC apuesta porque los ayuntamientos desplieguen en su ámbito las políticas de acogida, participación y de integración definidas en el Parlament de Catalunya. El segundo punto, es el tema de la financiación. ERC estima que hace falta un aumento considerable en los fondos que se destinan a la inmigración para impedir la marginalidad y de esta manera evitar el malestar de las clases trabajadoras. ERC propone que el 9% del Producto Interior Bruto de Cataluña, que en la actualidad no vuelve a esta comunidad, se destine a afrontar las necesidades que comporta el fenómeno migratorio. Esquerra exige un presupuesto extraordinario, ya que considera que es "inoperante que con los recursos insuficientes para la población autóctona se pueda llevar a cabo una política que no sea de fachada y que evite que la cohesión social se tambalee en determinados lugares" como es la falta de plazas en los colegios públicos. La adaptación social es el tercer punto que propone este partido. Esquerra destaca la necesidad de ofrecer programas de acogida que permitan conocimientos básicos de la realidad sociolaboral de Cataluña. También resaltan la comprensión de sus derechos y deberes previstos en la Constitución española y el Estatut. El cuarto punto habla de la importancia de cuestionarse el fenómeno de la inmigración desde la raíz, es decir, desde los países de origen que presentan situaciones de deudas externas y gobiernos no democráticos. Este partido considera que la inmigración no puede ser ilimitada y que es necesaria la democratización de las instituciones globales mundiales como la ONU y la OMC. Finalmente consideran que la Constitución de la Unión Europea deja a los estados las competencias de la gestión de la inmigración, pero no busca acuerdos que pongan en común las políticas de inmigración.
Una de las ideas que el Partido Popular propone es la creación de empleos. "Cuando gobernamos, creamos 600 mil puestos de trabajo para los inmigrantes. Eso es lo que tendría que hacer el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera", dijo Ana Pastor, Secretaria Ejecutiva de Política Social del PP. A parte de eso, sugiere que no se tomen decisiones al margen de la Unión Europea. "Él (Caldera) tiene que ser capaz de hacer un proceso de regularización como se hace toda Europa", dijo Pastor. Las críticas de la secretaria vienen a causa del resultado del proceso de regularización que terminó el último 7 de mayo. Cerca de 700 mil inmigrantes fueron empadronados, pero aproximadamente 200 mil quedaron de fuera por no cumplir los requisitos exigidos. Por eso, Ana Pastor define este proceso como "una campaña de ilegalización masiva" ya que también asegura que el empleo para extranjeros no comunitarios tras la normalización solamente ha crecido un 5%. Lo cual, según ella, no se garantiza que, aunque legalizados, los inmigrantes vayan a conseguir trabajo. Por todo ello, el PP anuncia que pedirá la comparecencia del Ministro de Trabajo para que cifre el coste del proceso de regularización. El Partido Popular cree que, en vez de hacer una modificación de la Ley de Extranjería, el PSOE debería basar el proceso de regularización en la normativa ya existente, de noviembre de 2003. Sin embargo, como no lo ha hecho, lo que proponen es, a partir de ahora, favorecer una inmigración legal y ordenada para evitar la actuación de las mafias; es decir, empresarios que cobran para hacer contratos de trabajo. Antes de que se modificara la ley, el Partido Popular presentó en el Ejecutivo, en septiembre de 2004, un reglamento que en el cual se exigía un requisito de residencia de dos años, además de un contrato de trabajo y vínculos familiares. Y, en caso de no contar con dichos papeles, un permiso de residencia de cuatro años. El Partido Popular asegura que el gobierno de Zapatero ha copiado un 85% el contenido de su programa e introduce cambios en solamente un 15%. Y propone motivar la integración y apostar por el arraigo como mecanismo estable de absorción de la migración. Reiteran, en su consignas, que defienden la dignidad de las personas, la convivencia, la libertad, el bienestar, la integración y el desarrollo. "El interés no es el del Partido Popular, el interés es de todos esos señores que están ahí fuera, de todos aquellos ciudadanos que han venido a nuestro país y por ellos seguiremos trabajando", dice Pastor.
Los beneficios de la diversidad
Por Eva Cervera, Gilda González, Mauricio González y David Placer
- Nueva Ley de Extranjería, más flexible, para que la gente pueda regular su situación de forma progresiva y permanentemente. No limitando, por tanto, a tres meses, la presentación de papeles. -Normativas que aclaren los conceptos de ciudadanía y de nacionalidad.La primera es independiente de la segunda. El empadronamiento puede ser
requisito suficiente para obtener los derechos y deberes que la ciudadanía conlleva (libertad de expresión, libre circulación, derecho al voto…). -Sufragio universal para los inmigrantes - Políticas que aseguren igualdad de oportunidades y derechos en todos los aspectos. De este modo, los inmigrantes se identificarían con la sociedad receptora. -Globalización de derechos sociales y valores humanos y democráticos para que la inmigración sea un proceso de libre decisión. -Fin de la visión de la inmigración como mano de obra. -Que la ciudadanía, el estado de derecho y la laicidad, pilares de la sociedad democrática, no impliquen un conflicto con el respeto a las creencias religiosas. - Inversión para promover la Reagrupación Familiar - Medidas penales contra cualquier tipo de apología al racismo, la xenofobia y la violencia. - Descentralización de la política de inmigración, con mayor competencia para las comunidades autónomas y municipales. Más presupuesto para estas instituciones. Las competencias en materia de inmigración serán del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
De la solidaridad al exceso
Por Gloria Vallès y Magally Batista
Apoyo al inmigrante y contribuir a mejorar la realidad de estos colectivos. Defienden el derecho de voto de las personas inmigradas. Tienen a disposición números telefónicos para dar información y guiar a los extranjeros, según el trámite de regularización que necesiten. Mediante manifestaciones, protestan contra mayores requisitos para la regularización del inmigrante. Por ejemplo, la CGT intentará que esta escasa medida alcance al mayor número de personas sin papeles, pues lo fundamental es posibilitar que salgan del drama humano y social en el que viven. Proponen una "normalización" permanente, no limitada en el tiempo, y que la libertad de circulación -derecho otorgado a los capitales-, deje de ser negado a las personas. Exigen la igualdad de derechos, la regularización para todos y la derogación de la Ley de Extranjería.
Amenaza para la identidad
Por Ricardo Ginés y Fabiola Pomareda
Ante el fenómeno de la inmigración, Plataforma per Catalunya, por ejemplo, afirma que los inmigrantes tienen sus derechos y deberes pero no deben tener más privilegios que el resto de ciudadanos catalanes. Aunque respeta la libertad de culto, esta entidad no está de acuerdo en conceder subvenciones públicas para la construcción de mezquitas. "Hay que expulsar a los inmigrantes ilegales y a los inmigrantes delincuentes después de que hayan cumplido su condena", agregan. Alternativa Española, por su parte, argumenta que, "como ni el inmigrante se siente a gusto ni el 53,3 por ciento de los españoles tampoco", proponen una política inflexible de cupos. Ambos grupos pretenden intensificar las políticas de cooperación internacional para los "países exportadores de emigrantes", y así tratar de disminuir drásticamente los flujos migratorios.
¿Qué piensan?
Análisis