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Algunas de las
propuestas de los partidos políticos sobre cómo
atender el fenómeno de la inmigración coinciden
en favorecer la integración del inmigrante en
el diario vivir catalán. Para ellos, lejos de
rechazarlos hay que apoyarlos y ofrecerles vías
para que se incorporen a la sociedad. Sin embargo,
hay otros partidos más drásticos en sus propuestas
y piden mayores controles hacia los inmigrantes.
En este apartado se exponen las propuestas que
hace cada agrupación política.
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El
desafío de regularizar
Por Laura Arias, Jokin Buesa,
Sigrid Julià, Carla Mercader y Natalia Pérez |
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Apertura,
pero en catalán
Por Alec Forssmann, Miquel
Godó, Jordi Llambias, Luis Marchal y Lucas Urdaneta |
Desde el 7 de febrero se puso en
marcha el denominado Proceso de Normalización Extraordinario
por el cual, en un plazo de tres meses, aquellos trabajadores
extranjeros que acrediten un contrato de trabajo y 6
meses de empadronamiento en cualquier municipio español,
pueden ver regularizada su situación. Para ello, se
invita a empresarios o empleadores a dar el primer paso
en la tramitación de los permisos. Los extranjeros a
los que se deniegue la solicitud de regularización tendrán
que abandonar el país en 15 días, mientras que los empresarios
que mantengan a empleados indocumentados recibirán multas
de hasta 70.000 €. En lo que se refiere a Cataluña,
Mohamed Chaib, confia en "sacar de su situación irregular
a 70.000 inmigrantes". La llegada del PSOE a la Moncloa
ha supuesto un cambio en términos de competencias. Si
durante la etapa popular, la máxima responsabilidad
recaía sobre el Ministerio del Interior, y el problema
era observado como una cuestión de seguridad, los socialistas
han traspasado la responsabilidad al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Por lo tanto, "quienes participan
de forma permanente en la determinación de los contingentes
y las características de la contratación son los sindicatos,
la patronal y el gobierno", según Joan Rangel, delegado
del Gobierno en Catalunya. Los socialistas acaban de
crear un Grupo Federal de Trabajo sobre Integración,
con el objetivo de lograr un consenso entre las políticas
de todos los territorios. Según Chaib, se trata de crear
"un modelo de gestión compartida, como el que ya se
está dando en Cataluña." A nivel nacional, el PSOE propone
un gran Pacto de Estado, que todavía no se ha concretado.
Una de las claves en este proceso sería la inclusión
en el censo electoral de aquellos extranjeros que residan
en España desde hace 3 años como mínimo. Esto permitiría
a los inmigrantes participar en la vida política. Otras
medidas que se contemplan son la creación de un Estatuto
del Inmigrante, oficinas de contratación en los países
de origen, la ampliación de los visados de búsqueda
de trabajo y la lucha contra la explotación laboral
y la economía sumergida.
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Cataluña recibe el 25 por ciento
de los inmigrantes que vienen a España, por lo que CiU
demanda mayores competencias: que los Mossos d'Esquadra
puedan identificar y retener a los inmigrantes y asuman
trabajos de traslado en caso de necesidad. Además, Unió
propone fortalecer las medidas de vigilancia en aeropuertos
y otros accesos de entrada al país. Para ello piden
una mejor coordinación en materia jurídica entre España
y el país de origen del inmigrante. Pretenden, además,
incluir en el nuevo estatuto un contrato cívico: una
mutua aceptación entre los que quieren venir y los que
ya están aquí. Se trataría de una serie de derechos
y deberes que deben tener los inmigrantes, como por
ejemplo, el conocimiento de la cultura catalana. En
Convergencia, su secretario de Inmigración y Cooperación
Àngel Miret, destaca el fracaso de la actual política
de inmigración de la Generalitat. "Hay algunas iniciativas
interesantes pero no una política global" por lo que
piden una coherencia básica. Invertir en Barcelona,
eliminar las concentraciones de población inmigrante
y expandir la ciudad son "recetas universales" que beneficiarían
la integración. Destaca especialmente que, "para que
no haya una ruptura social, se debe evitar las concentraciones
de grupos de extranjeros en barrios". En Unió, Manuel
Silva (miembro del Comitè de Govern) considera que "no
se le debería dar a nadie la nacionalidad que no entendiera
el catalán ni castellano en Cataluña. Es un objetivo
fundamental". Y otra de las propuestas es que se den
pisos de protección oficial tanto a inmigrantes como
a personas mayores y jóvenes. Ambos partidos quieren
que haya una planificación a medio plazo de los flujos
migratorios. Este plan contaría con la participación
de las Comunidades Autónomas, las instituciones y las
organizaciones más representativas del ámbito de la
inmigración. Aquí, se debe determinar cuál es el número
máximo de inmigrantes que Cataluña puede acoger, teniendo
en cuenta las necesidades de los sectores productivos.
También se tiene que desarrollar un mecanismo de coordinación
entre el Gobierno central, el autonómico y los entes
locales para elaborar el procedimiento de acogida de
los inmigrantes trasladados de Ceuta y Melilla. Otra
propuesta que se hace es que la política de cooperación
internacional española forme de la política de inmigración.
Consideran importante tener en cuenta y trabajar para
el desarrollo de los países de los cuales sus ciudadanos
se trasladan a Cataluña. Algo que no se debe olvidar
es luchar contra la explotación de las personas. Una
parte de los inmigrantes en situación irregular lo son
porque han sido víctimas del tráfico ilegal de personas.
Con el proceso de regularización y esta lucha, se conseguiría
reducir la economía sumergida y el abuso de los derechos
humanos. También exigirán al Gobierno Central que no
se expulse a aquellas personas que peligre su vida,
integridad física o libertad y que demanden protección
de asilo.
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Entre la
derecha y los "papeles para todos"
Por Silvia Barnett, Illa
Liendo, Stephanie Ruano y Andrea Wahr |
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Un proceso
precipitado
Por Yadira Hidalgo, Ana Beatriz Marín, Neus Ràfols y Leandro
Rodrigues |
Esquerra
Republicana de Catalunya propone cuatro puntos para una
política de inmigración más eficaz. El primero es lograr
que se traspasen las competencias de este campo a la Generalitat,
ya que esta entidad es la que asume la integración de
los inmigrantes en Cataluña. El estado español, según
Esquerra, tiene en sus manos las herramientas principales
para actuar pero los utiliza mal. ERC quiere que las comunidades
autónomas adquieran una política integral de inmigración
que comprenda el control de flujos internos y externos
de inmigrantes extracomunitarios; la gestión, por parte
de la Generalitat, de los permisos de trabajo en Catalunya
y la posibilidad de desarrollar una política específica
en materia religiosa. En el caso de que se traspasaran
las competencias, ERC apuesta porque los ayuntamientos
desplieguen en su ámbito las políticas de acogida, participación
y de integración definidas en el Parlament de Catalunya.
El segundo punto, es el tema de la financiación. ERC estima
que hace falta un aumento considerable en los fondos que
se destinan a la inmigración para impedir la marginalidad
y de esta manera evitar el malestar de las clases trabajadoras.
ERC propone que el 9% del Producto Interior Bruto de Cataluña,
que en la actualidad no vuelve a esta comunidad, se destine
a afrontar las necesidades que comporta el fenómeno migratorio.
Esquerra exige un presupuesto extraordinario, ya que considera
que es "inoperante que con los recursos insuficientes
para la población autóctona se pueda llevar a cabo una
política que no sea de fachada y que evite que la cohesión
social se tambalee en determinados lugares" como es la
falta de plazas en los colegios públicos. La adaptación
social es el tercer punto que propone este partido. Esquerra
destaca la necesidad de ofrecer programas de acogida que
permitan conocimientos básicos de la realidad sociolaboral
de Cataluña. También resaltan la comprensión de sus derechos
y deberes previstos en la Constitución española y el Estatut.
El cuarto punto habla de la importancia de cuestionarse
el fenómeno de la inmigración desde la raíz, es decir,
desde los países de origen que presentan situaciones de
deudas externas y gobiernos no democráticos. Este partido
considera que la inmigración no puede ser ilimitada y
que es necesaria la democratización de las instituciones
globales mundiales como la ONU y la OMC. Finalmente consideran
que la Constitución de la Unión Europea deja a los estados
las competencias de la gestión de la inmigración, pero
no busca acuerdos que pongan en común las políticas de
inmigración. |
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Una de las ideas que el Partido Popular
propone es la creación de empleos. "Cuando gobernamos,
creamos 600 mil puestos de trabajo para los inmigrantes.
Eso es lo que tendría que hacer el Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales Jesús Caldera", dijo Ana Pastor,
Secretaria Ejecutiva de Política Social del PP. A parte
de eso, sugiere que no se tomen decisiones al margen
de la Unión Europea. "Él (Caldera) tiene que ser capaz
de hacer un proceso de regularización como se hace toda
Europa", dijo Pastor. Las críticas de la secretaria
vienen a causa del resultado del proceso de regularización
que terminó el último 7 de mayo. Cerca de 700 mil inmigrantes
fueron empadronados, pero aproximadamente 200 mil quedaron
de fuera por no cumplir los requisitos exigidos. Por
eso, Ana Pastor define este proceso como "una campaña
de ilegalización masiva" ya que también asegura que
el empleo para extranjeros no comunitarios tras la normalización
solamente ha crecido un 5%. Lo cual, según ella, no
se garantiza que, aunque legalizados, los inmigrantes
vayan a conseguir trabajo. Por todo ello, el PP anuncia
que pedirá la comparecencia del Ministro de Trabajo
para que cifre el coste del proceso de regularización.
El Partido Popular cree que, en vez de hacer una modificación
de la Ley de Extranjería, el PSOE debería basar el proceso
de regularización en la normativa ya existente, de noviembre
de 2003. Sin embargo, como no lo ha hecho, lo que proponen
es, a partir de ahora, favorecer una inmigración legal
y ordenada para evitar la actuación de las mafias; es
decir, empresarios que cobran para hacer contratos de
trabajo. Antes de que se modificara la ley, el Partido
Popular presentó en el Ejecutivo, en septiembre de 2004,
un reglamento que en el cual se exigía un requisito
de residencia de dos años, además de un contrato de
trabajo y vínculos familiares. Y, en caso de no contar
con dichos papeles, un permiso de residencia de cuatro
años. El Partido Popular asegura que el gobierno de
Zapatero ha copiado un 85% el contenido de su programa
e introduce cambios en solamente un 15%. Y propone motivar
la integración y apostar por el arraigo como mecanismo
estable de absorción de la migración. Reiteran, en su
consignas, que defienden la dignidad de las personas,
la convivencia, la libertad, el bienestar, la integración
y el desarrollo. "El interés no es el del Partido Popular,
el interés es de todos esos señores que están ahí fuera,
de todos aquellos ciudadanos que han venido a nuestro
país y por ellos seguiremos trabajando", dice Pastor.
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Los beneficios
de la diversidad
Por Eva Cervera, Gilda González,
Mauricio González y David Placer |
- Nueva Ley de Extranjería, más flexible,
para que la gente pueda regular su situación de forma
progresiva y permanentemente. No limitando, por tanto,
a tres meses, la presentación de papeles. -Normativas
que aclaren los conceptos de ciudadanía y de nacionalidad.La primera es independiente de la segunda. El empadronamiento puede ser
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requisito suficiente para obtener los derechos
y deberes que la ciudadanía conlleva (libertad de expresión,
libre circulación, derecho al voto…). -Sufragio universal para
los inmigrantes - Políticas que aseguren igualdad
de oportunidades y derechos en todos los aspectos.
De este modo, los inmigrantes se identificarían
con la sociedad receptora. -Globalización de
derechos sociales y valores humanos y democráticos
para que la inmigración sea un proceso de libre
decisión. -Fin de la visión de la inmigración
como mano de obra. -Que la ciudadanía, el estado
de derecho y la laicidad, pilares de la sociedad
democrática, no impliquen un conflicto con el
respeto a las creencias religiosas. - Inversión
para promover la Reagrupación Familiar - Medidas
penales contra cualquier tipo de apología al
racismo, la xenofobia y la violencia. - Descentralización de la política
de inmigración, con mayor competencia para las comunidades
autónomas y municipales. Más presupuesto para estas
instituciones. Las competencias en materia de inmigración
serán del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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De la solidaridad
al exceso
Por Gloria Vallès
y Magally Batista |
Apoyo al inmigrante y contribuir
a mejorar la realidad de estos colectivos. Defienden
el derecho de voto de las personas inmigradas. Tienen
a disposición números telefónicos para dar información
y guiar a los extranjeros, según el trámite de regularización
que necesiten. Mediante manifestaciones, protestan contra
mayores requisitos para la regularización del inmigrante.
Por ejemplo, la CGT intentará que esta escasa medida
alcance al mayor número de personas sin papeles, pues
lo fundamental es posibilitar que salgan del drama humano
y social en el que viven. Proponen una "normalización"
permanente, no limitada en el tiempo, y que la libertad
de circulación -derecho otorgado a los capitales-, deje
de ser negado a las personas. Exigen la igualdad de
derechos, la regularización para todos y la derogación
de la Ley de Extranjería.
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Amenaza
para la identidad
Por Ricardo Ginés y Fabiola
Pomareda |
Ante el fenómeno de
la inmigración, Plataforma per Catalunya, por ejemplo,
afirma que los inmigrantes tienen sus derechos y deberes
pero no deben tener más privilegios que el resto de ciudadanos
catalanes. Aunque respeta la libertad de culto, esta entidad
no está de acuerdo en conceder subvenciones públicas para
la construcción de mezquitas. "Hay que expulsar a los
inmigrantes ilegales y a los inmigrantes delincuentes
después de que hayan cumplido su condena", agregan. Alternativa
Española, por su parte, argumenta que, "como ni el inmigrante
se siente a gusto ni el 53,3 por ciento de los españoles
tampoco", proponen una política inflexible de cupos. Ambos
grupos pretenden intensificar las políticas de cooperación
internacional para los "países exportadores de emigrantes",
y así tratar de disminuir drásticamente los flujos migratorios.
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