Por
Neus Ráfols
La regularización: los que perdieron el tren
Después de que el proceso de normalización para trabajadores
extranjeros ha terminado, las estadísticas gubernamentales
apuntan que casi 700 mil sin papeles podrán obtener
el permiso de trabajo o de residencia. Aunque es un
avance social, ya que se partía de un contingente
de casi un millón y medio de personas en situación
irregular, aún quedarán alrededor de 850 mil inmigrantes
vagando por el país sin derechos laborales. Rostros
que trabajan sin contratos ni estabilidad para ellos
ni para sus familias. Trabajadores convertidos en
comodines de la rentabilidad económica de un empresariado
que hoy les da pan para comer, y mañana, quien sabe.
Recordando la festividad del Día del Trabajo, ser
un sin papeles en un mercado laboral precario como
el que se esboza en España, es volver a la máquina
del tiempo y encarnar a un obrero u obrera de inicios
del siglo XX; quienes no pueden enfermarse, ni negarse
a las horas extras, porque pierden el salario y el
trabajo; pero a quienes se les anula el derecho a
la maternidad, a los días festivos y de descanso.
Hablar acerca de los sin papeles es esbozar personas
sin derechos sociales ni laborales en una España del
siglo XXI incorporada suavemente al Estado del Bienestar
de la Unión Europea. Hay que reconocer, sin embargo,
los esfuerzos del Gobierno de Rodríguez Zapatero para
que este proceso de regularización sea un tren con
máximos pasajeros. El Ministerio de Trabajo abrió,
en febrero, la posibilidad de que el solicitante demuestre
que llegó al país antes del 8 de agosto del 2004,
con documentos alternativos al padrón, como cuentas
bancarias; ya que la carta de empadronamiento dificultaba
los trámites para muchos. Con esta nueva modalidad,
el empadronamiento por omisión, la administración
quiso facilitar la obtención de los requisitos para
regularizarse: un contrato de trabajo de seis meses
y un certificado de antecedentes penales que demuestre
la "virginidad" penal del solicitante. Ha habido un
avance, pero 850 mil personas en condición irregular
seguirán siendo una cifra más de la exclusión social
de España. Una estadística que el Ejecutivo socialista
tendrá que resolver, porque habla de personas que,
aunque están ilegales jurídicamente, existen; forman
parte de una realidad de la economía sumergida que
evade impuestos y anula humanos. Una realidad que
el Gobierno de Aznar quiso ignorar, y la sombra de
sin papeles no paró de crecer ni padecer abusos empresariales,
de mafias, violaciones a los derechos humanos y otros
tratos denigrantes, impropios de un país el cual aspira
a un buen nivel de vida para todos.
La revisión de la Ley de Extranjería; la descentralización
de las competencias sobre la inmigración a los gobiernos
autonómicos, como pide la izquierda catalana en el
proyecto del Nuevo Estatut; u otros futuros procesos
de regularización; son caminos que el "talante" de
Zapatero tendrá que idear para que la vida de los
sin papeles sea dignificada, y su condición de sombra,
convertida en otra realidad más humana.
