Por
Stéphanie Ruano
Inmigrantes sumergidos
Es sabido que los flujos masivos de inmigrantes pueden
provocar una desorganización social y económica en
el país de acogida. Así se hace necesario controlar
este lento proceso que encuentra problemas inevitables
como es el caso de la economía sumergida.
El volumen de la economía sumergida en el estado
español ha ido aumentando de forma progresiva a lo
largo de las dos últimas décadas. Un estudio científico
realizado por el Instituto de estudios Fiscales (adscrito
al Ministerio de Hacienda) refleja que en España existe
un volumen de actividad económica que se escapa del
control legal, y que se acerca al 21% del PIB. Una
cifra nada despreciable, superior a 130.000 millones
de euros. En España los inmigrantes sin papeles son
las principales víctimas de la economía sumergida.
De hecho, ya desde sus países de origen se les promete
trabajar. Pero este trabajo sólo se les tendría que
prometer si entrasen de forma legal. De esta forma,
ni la inmigración irregular ni la economía sumergida
llegarían a las dimensiones actuales. Pero para algunas
empresas los inmigrantes sin papeles son muy rentables
ya que se someten a jornadas laborales más largas,
sin asistencia sanitaria y con salarios más bajos.
Resulta miserable el hecho de que muchos empresarios
se aprovechen del desconocimiento de las leyes por
parte de los inmigrantes, así se aseguran, entre otras
cosas, de que no les exigirán condiciones de seguridad
en el trabajo.
Un gran sector que cubren los inmigrantes ilegales
aquí en España es el de la construcción. A menudo
ocurre en este sector que, frente a las sanciones
con las que amenaza el gobierno a los empresarios
que no regularicen a sus trabajadores extranjeros
en situación ilegal, muchas empresas optan por despedir
de forma masiva a estos empleados. A los empresarios
los están echando porqué es la forma más cómoda de
cubrirse las espaldas ante la finalización del plazo
de e regularización. Bienvenida pues, la normativa
extraordinaria que permitirá a partir de agosto que
los inmigrantes denuncien su situación irregular a
cambio de conseguir papeles y penalizarán a los empresarios
con multas de entre 6.000 y 60.000 euros. Para los
inmigrantes, la economía sumergida pasa de ser un
complemento económico a ser su única fuente de ingreso.
Esto hay que sumarlo a unas condiciones de trabajo
tercermundistas. Y al respecto, las políticas ignoran
muchas veces las necesidades humanas de la inmigración,
acogida y rechazada después, según los humores de
la economía de la Nación. Ahora, España ha llegado
a unas cifras de tal magnitud que habría que replantear
las políticas de acción específicas al problema y
frenar el incesante aumento de economía sumergida.
Pero es un círculo vicioso: si la presencia de trabajadores
ilegales estimula el mercado negro, la demanda de
mano de obra barata promueve la entrada de inmigrantes
ilegales. Y el resultado es que la mano de obra local
se ve penalizada por la presencia de inmigrantes ilegales
y no por los inmigrantes declarados. Por lo tanto
debemos ser cautelosos en el momento de responder
a la mitificada pregunta: ¿los inmigrantes quitan
puestos de trabajo a los españoles? No olvidemos que
la población, cada vez más envejecida de Europa, necesita
inmigrantes jóvenes y entusiastas para generar el
crecimiento económico de mañana. Así que antes de
permitir que los inmigrantes que son fuentes culturales,
económicas, demográficas y demás, vuelvan a sus países
respectivos sucumbidos por la pobreza, señores políticos,
manos a la obra.
