No se puede demonizar la inmigración haciéndola
responsable de un proceso que ya existía: la
crisis del Estado de Bienestar. La inclusión
de nuevas prestaciones, como la atención socio-sanitaria,
el crecimiento del gasto farmacéutico y la deuda
acumulada son algunos de los factores que explican
la insuficiencia de estos recursos. Y contextualizando
el caso español en Europa, en los ocho años
de gestión del PP el gasto sanitario perdió
peso en relación con el Producto Interno Bruto.
El presupuesto sanitario es muy elástico respecto
a la renta: cuanto más rico es un país, más
gasta en sanidad. España incrementa su riqueza,
pero no la partida sanitaria. Eso aumentó la
diferencia.
La inmigración, como fenómeno, ha acarreado
serios problemas en el espíritu y bondad de
la prestación sanitaria, ya que en un primer
momento el estatus de los indocumentados podía
haber acabado con el concepto de universalidad.
Esto se solucionó con un simple registro en
el padrón municipal, que no exige la regularidad
del inmigrante en el territorio y permite adquirir
una tarjeta sanitaria. En un primer momento
esta prestación ha sabido sortear los problemas
que acompañan al fenómeno de la inmigración,
pero todavía tiene que superar el escollo fundamental,
su financiación. La composición de las aportaciones
de la Seguridad Social derivada de la inmigración
en España ha modificado la forma de financimiento
del sistema de pensiones. Actualmente, el 25%
de los nuevos cotizantes al sistema son inmigrantes.
El perfil socioeconómico de éstos es, fundamentalmente,
el de personas con un nivel de renta por debajo
de la media. La población extranjera en Cataluña
se ha triplicado en los últimos años hasta llegar
a conformar más del 5% de la población total;
en Barcelona este porcentaje representa el 10%
de los habitantes. La aportación de los inmigrantes
fortalece el financiamiento del sistema público,
lo que asegura el futuro a corto plazo de la
Seguridad Social. Pero las cotizaciones de los
inmigrantes no podrán soportar los problemas
que a medio y largo plazo genera el envejecimiento
de la población. Según un estudio realizado
por el Colegio de Economistas de Cataluña, el
50,5% de los economistas catalanes considera
que los costes sociales de la inmigración no
compensan la aportación de este colectivo a
la economía. La sanidad pública ha tenido que
desarrollar medidas estructurales y recursos
adicionales para dar cobertura a los inmigrantes.
Existen traductores y mediadores culturales,
que no sólo asisten a inmigrantes sino también
a otras etnias, como es el caso de la gitana.
El objetivo de este departamento es la comunicación,
ahondando en el concepto de salud y enfermedad
desde una perspectiva didáctica. Estas medidas
tienen un coste adicional compartido entre el
erario público, voluntarios y ONGs. Las voces
más progresistas hacen un llamado para la universalización
de la asistencia social que acompaña a la enfermedad,
que no es universal y deja desprotegido al inmigrante.
