"Pago 10 euros al mes para tener la asistencia de un bufete de abogados", aclara Luciana Velarde. Ella es una peruana en España, un país donde la maraña legislativa es imposible de entender para cualquiera. Después de varias modificaciones de la Ley de Extranjería llevadas a cabo por el anterior gobierno del Partido Popular, los socialistas han querido que cunda su ejemplo. Pero el proceso de regularización diseñado por el Gobierno Central, que finaliza en mayo, ha traído más despidos que 'papeles'.

"En general, españoles, comunitarios y residentes legales tienen preferencia para la ocupación de un puesto de trabajo", aclara Pepa Gutiérrez, Coordinadora de la Subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona. Existen distintas formas de regularizar a los inmigrantes. La opción mayoritaria es la contratación a distancia, a través de una solicitud expedida por el empresario a las oficinas OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) en el caso de Cataluña. Si la entidad encuentra un perfil adecuado, comienza el proceso habitual: entrevista de trabajo y aceptación o rechazo. Sólo"la presentación de documentos cuesta 300 euros, más 150 por la gestión de la OTG, más IVA", dice Cristina, una abogada independiente que no ha querido dar su apellido.

Si el extranjero quiere trabajar por cuenta propia, el procedimiento es el mismo, pero las tramitaciones las hará en su país de origen. La legalización de alguien que lleva tiempo en España se consigue a través del arraigo laboral y social: “permanencia acreditada de tres años, contrato de trabajo y tener familiares que residen legalmente en España. También se ha de obtener un informe de inserción social del Ayuntamiento de su localidad”, explica Pepa Gutiérrez.

Proceso de regularización
La regularización llevada a cabo por el PSOE, “deja el proceso de la legalización de extranjeros en manos de los empresarios”, afirma Ghassan Saliba, responsable de inmigración de Comisiones Obreras. La solicitud presentada por el empresario es resuelta por la Subdelegación de Gobierno. En caso afirmativo, el empresario tiene un mes para dar de alta al trabajador en la Seguridad Social. Si no, pasado este tiempo sería desestimada. Desde que comenzó el proceso, el plazo para presentar el papeleo era de 3 meses. Ahora ya ha finalizado.
Cristina, que trabaja para algunas gestorías, señala que “si el primero lo rompe, ha de justificar los motivos. Si no los hay, le sancionarían por despido improcedente y no podría regularizar a ningún otro ilegal. Si es el empleado el que incumple el contrato, le quitarían la tarjeta de residencia”.

En el caso de las personas que trabajen en el servicio doméstico, el mismo trabajador ha de pagarse su Seguridad Social, como si fuera autónomo. No es barato. Ni para el trabajador, que paga unos 200 euros al mes, ni para el gobierno. Como ejemplo, la petición del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid gobernado por el Partido Popular. Ha solicitado al Ejecutivo 500 millones de euros para hacer frente a este proceso de regularización. Según el Gobierno central, 700.000 inmigrantes han regularizado su situación, pero se calcula que 850.000 personas se han quedado sin ‘papeles’. El coste para la administración regional es de mil euros anuales por inmigrante regularizado si se le quiere otorgar una correcta asistencia sanitaria.

Dice Ghassan Saliba que lo ideal hubiera sido “modificar totalmente la Ley de Extranjería, en vez de hacer un reglamento sobre la base de algo que el PSOE consideraba en su día inconstitucional”. Pero a falta, de momento, de algo mejor, pide “un reglamento más flexible, para que la gente regule su situación de forma progresiva, no durante un tiempo limitado”. También pedían eso los inmigrantes encerrados en distintas iglesias y centros cívicos de Cataluña, por lo que el Gobierno ha respondido: ha aceptado la inscripción del censo para acreditar su estancia en España.

Parece que todo tiene un precio muy alto cuando se trata de asesorar a una persona para conseguir su estabilidad en un país diferente al suyo. Que se lo digan a Luciana. Ella no ha oído nunca que puede tener atención gratuita, el servicio de abogados lo encontró después de haber pagado grandes sumas a gestores. Cada vez que va al servicio de asistencia legal, sus amigos le piden que lleve consigo preguntas para saber si ellos pueden resolver su situación. Tiene cita en unos días para hablar con su abogado. Ella trabajó durante casi un año en un restaurante del puerto olímpico de Barcelona como camarera. Cuando llegó el momento de pedir un contrato, entendió, tras varias negativas y evasivas, que no lo tramitarían. Según organizaciones de apoyo a inmigrantes, las condiciones en el proceso ha producido el doble de despidos que de regularizaciones. Ahora ella tiene un nuevo trabajo, y según le han dicho entra en el proceso de regularización. Sabe que le quedan horas de colas y trámites, pero ella se quiere quedar en Barcelona, así que cruza los dedos mientras espera.